En la décima novena sesión ordinaria, el congresista señaló que resulta de suma importancia legislar en materia de ciberseguridad, sobre todo en la usurpación y el fraude cibernético, los cuales han sido considerados el crimen por excelencia del siglo XXI.
Con base en los datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), para el segundo trimestre del año 2021 se tuvo conocimiento de 2 millones 745 mil 738 quejas de fraude cibernético utilizando datos personales de otras personas.
Mientras que para Tlaxcala esta dependencia realizó 9 mil 440 mil acciones de defensa durante el período de enero a agosto del mismo año, además, de que las reclamaciones atendidas incrementaron un 105.5 por ciento respecto a 2020.
El legislador puntualizó que la Fiscalía General de la República reportó que en el Estado al mes de abril de 2021, los delitos cometidos mediante medios cibernéticos aumentaron en más del 100 por ciento, respecto a los que se cometieron el año anterior.
Covarrubias Cervantes refirió que el incremento de este tipo de delitos se vio al alza a partir del uso constante de celulares y computadoras, así como medios para realizar pagos de servicios vía electrónica, transferencias bancarias digitales, la realización de compras, etc., los cuales fueron notables a partir de la contingencia sanitaria por Sars-Cov 2.
De esta manera, el asambleísta propuso la reforma al párrafo segundo del artículo 282 y el artículo 341, así como la adición del artículo 282 Bis del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a fin de tipificar como delito la usurpación de identidad, la obtención, transferencia o uso por cualquier medio informático, telemático o electrónico, sin autorización de quien deba otorgarla, de contraseñas,datos identificativos o cualquier otra información que permita acceder a sistemas informáticos, con la intención de cometer cualquier actividad ilícita.
Asimismo, dijo que esta iniciativa contempla la pena de tres meses y hasta tres años de prisión a quien alcance un lucro indebido o daño patrimonial valiéndose del uso de algún medio informático, telemático, electrónico o cualquier medio de comunicación, considerándose agravante de delito el que este sea cometido a alguna persona menor de edad o adulto mayor, cuando el sujeto activo sea servidor público o grado académico en informático o sus similares.
Es así como el congresista busca que se sancione y legisle, a fin de brindar la protección digital ante cualquier caso de fraude cibernético financiero y de uso no autorizado de la identidad y datos personales de los usuarios de medios electrónicos en la entidad