Esto es producto del trabajo en conjunto con la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE) y fiscalías y procuradurías del país.
Tlaxcala, Tlax; a 25 de septiembre 2020.- Resultado del fortalecimiento y equipamiento de áreas dedicadas al combate de delitos de alto impacto, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ha capturado de 2018 a 2020, a 62 personas involucradas en secuestros cometidos en la entidad y otros estados, mismas que se encuentran actualmente a disposición de las autoridades jurisdiccionales correspondientes.
A través de la creación de la Fiscalía Especializada en el Combate al Secuestro (FECS) adscrita a la Unidad de Investigación de Delitos de Alto Impacto (UIDAI), se ha dado puntual atención a las investigaciones que se siguen en contra de quienes cometen esta conducta delictiva.
Los resultados han sido relevantes y en aumento, ya que en 2018 se registraron tres eventos con dos personas detenidas; sin embargo, para 2019 fueron 29 personas aseguradas y 14 denuncias; y finalmente de enero a agosto de 2020 se detuvieron a 31 imputados en 11 Carpetas de Investigación radicadas.
En todos los casos, el Agente del Ministerio Público acreditó la conducta desplegada, permitiendo al Poder Judicial del Estado contar con los elementos suficientes para mantener a los imputados bajo prisión preventiva, o en casos específicos, se encuentran enfrentando su proceso ante las autoridades correspondientes del estado donde lo cometieron.
Lo anterior es resultado del compromiso de la institución por fortalecer la atención a los delitos de alto impacto.
Con la puesta en marcha de la UIDAI se han cumplido los objetivos planteados, que consisten en establecer acciones para prevenir el delito, fortalecer las capacidades y el trabajo interinstitucional, promover el conocimiento y aplicación de un marco jurídico eficaz y brindar asistencia a las víctimas de secuestro.
Con estas acciones, la Procuraduría de Tlaxcala mantiene el compromiso de continuar trabajando de manera operativa e interinstitucional para sancionar el delito de secuestro, garantizando así una procuración de justicia eficaz al alcance de todos.–