· El hoy recluido en el Cereso presuntamente explotó sexualmente a la víctima en los estados de Puebla y Morelos, así como en los municipios de San Pablo del Monte y Mazatecochco.
Tlaxcala, Tlax; a 13 de abril 2020.- El trabajo multidisciplinario y estratégico del personal de la Unidad de Investigación de Delitos de Alto Impacto (UIDAI) adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), permitió la captura de José Luis N., por los hechos que la ley señala como delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual.
De acuerdo a la denuncia de la víctima, se establece que en octubre de 2015 inició una relación sentimental con el imputado, quien posteriormente desde esa fecha hasta 2019 la obligó a mantener relaciones sexuales con varias personas a cambio de dinero en efectivo en los estados de Morelos y Puebla, así como en los municipios de San Pablo del Monte y Mazatecochco.
Ante esta situación y al sufrir agresiones físicas y verbales constantemente, la víctima decidió interponer la denuncia respectiva en la ahora Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Trata de Personas adscrita a la UIDAI.
Por ello, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada agregó a la Carpeta de Investigación la información recabada por los investigadores, misma que permitió obtener de la autoridad jurisdiccional la orden de aprehensión en contra del imputado.
Con el mandamiento judicial correspondiente, los oficiales de la Policía de Investigación implementaron vigilancia en el municipio de San Pablo del Monte, específicamente en el barrio de San Sebastián, donde José Luis N., fue capturado y trasladado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tlaxcala.
De esta manera, durante el desarrollo de la audiencia inicial, el Juez de Control dictó la vinculación a proceso por el delito de trata de personas, decretó prisión preventiva oficiosa y otorgó cuatro meses como plazo de cierre de la investigación complementaria.
Con este tipo de resultados palpables, el Gobierno del Estado marca un avance importante para erradicar conductas de agresión hacia las mujeres, y manifiesta su total respaldo para castigar a las personas involucradas en delitos de trata de personas.
