• La Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE), dio entrada a la misma.
• Recibe apoyo del Consejo de Medios de Comunicacion de Tlaxcala.
Tlaxcala, Tlax; a 07 de abril 2020.- Redacción.- La periodista Patricia Montiel García presentó formal denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), luego de recibir amenazas por publicar una nota informativa en la cual revela posibles actos de corrupción dentro del ayuntamiento del municipio de Huamantla.
Una vez que la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE), dio entrada a la misma la directora del periódico El Imparcial de Tlaxcala citó que se apega a las garantías que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que actúen las instancias correspondientes.
Explicó que recibió claras amenazas a través de una red social, en la cual advierte que la vida de algunos de sus colaboradores y la suya están en peligro, por lo que recurrió ante dicha instancia federal para que sean investigados los hechos constitutivos de delito.
También comentó que la circulación impresa de su periódico sufrió un boicot en su edición 439 el pasado lunes, al retirarlo injustificadamente de los puntos de venta, lo que representa un claro atentado contra la Libertad de Expresión como lo manifiesta el artículo séptimo de nuestra Carta Magna.
En este tenor, instó a las autoridades correspondientes de la FGR, a que realicen una ardua investigación y castiguen con la acción de la justicia a quien o quienes resulten culpables de esta reprobable acción.
“Confío en la Fiscalía porque hay personas interesadas en hacerme daño físico y moral tan solo por publicar -bajo un rigor periodístico- posibles excesos de personas dentro del gobierno de Huamantla que preside el priísta, Jorge Sánchez Jasso”, subrayó.
Ante ello, el Consejo de Medios de Comunicación de Tlaxcala, de la cual forma parte se solidarizó con la comunicadora, y exigió a la FGR a través de la FEADLE que tal hecho no quede impune; es decir, que ningún cabo quede suelto.
Y más aún para que el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Federal garantice la protección a la comunicadora, con base en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.