Tlaxcala, Tlax., a 26 febrero de 2019.- Con la finalidad de garantizar el acceso pleno a sus derechos a distintos grupos sociales, la legisladora María Ana Bertha Mastranzo Corona, propuso reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia en el Estado de Tlaxcala.
En la lectura de la iniciativa, Mastranzo Corona consideró necesario generar normas y políticas públicas que contrarresten la discriminación y violencia hacia diversos grupos sociales, por lo que hizo un llamado a las autoridades federales estatales y a la sociedad civil, a redoblar esfuerzos para mantener y consolidar los avances en materia de derechos humanos como condición esencial para el desarrollo de México.
La iniciativa pretende promover la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, así como a los pertenecientes a grupos indígenas en actividades educativas, deportivas y culturales.
“La diversidad y las libertades individuales deben ser respetadas y aceptadas por todos, sin ningún tipo de discriminación. Por eso debemos alzar la voz ante la intolerancia, los maltratos e incluso la violencia, que limite las oportunidades de otros seres humanos, ya sea por su nacionalidad, edad, género, raza, religión, condición u orientación sexual”, agregó.
La Diputada Local también propuso que los Poderes Públicos, los municipios y órganos autónomos de Tlaxcala, tendrán que garantizar que las personas adultas mayores sean protegidas y defendidas contra toda forma de explotación y maltrato físico o mental, y garantizar que puedan expresar su opinión con libertad y participar en el ámbito familiar y social, así como en todo procedimiento administrativo y judicial que afecte sus personas y familia.
En cuanto a las personas con discapacidad, propuso que los Poderes Públicos, los municipios y órganos autónomos de Tlaxcala, tengan la obligación de garantizar la protección contra toda forma de explotación, violencia, abuso y el derecho a participar en actividades políticas y públicas.
De la misma planteó que la población indígena tenga garantizado el derecho de participar en actividades políticas y públicas; en tanto que la diversidad sexual, en caso de aprobarse la iniciativa, tendrá que tener garantizada el acceso a la educación pública y privada libre de cualquier forma de discriminación, y el derecho al empleo libre de cualquier forma de discriminación.